Ahora se ha puesto de moda un nuevo palabro en inglés: «build to rent», lo que viene a significar «construir para alquilar». Con lo fácil que es decirlo en castellano y nos empeñamos en sacar estos anglicismos para intentar darle valor a algo que se ha hecho de toda la vida, como si fuera una cosa sacada de la chistera en estos últimos tiempos. Lo mismo que a «salir a correr» ahora se le llama «running», curioso ¿verdad?
Histrionismos aparte lo cierto es que España va a pasar a ser un país de propietarios a un país de inquilinos. Los grandes fondos de inversión están comprando ladrillo para ponerlo de alquiler. Los impuestos de sucesiones hacen que sean muchas las familias que renuncien a las herencia, casas y pisos que pasan al estado que a la vez serán comprados por los fondos buitres y grandes corporaciones extranjeras.
En todo este proceso al cabo de un par de décadas los españoles podrán encontrarse que no son propietarios de su tierra y que España al completo pertenece a compañías extranjeras. No es sólo un cambio de tendencia cualquiera, desde el punto de vista de la seguridad nacional, «esta nueva moda», se puede convertir en el «talón de Aquiles» y la puntilla final para una nación envejecida y arruinada.
Desde la web invierte.biz, nos hacemos eco del titular del diario digital El Economista: «Fondos y promotoras levantarán 102.560 pisos de alquiler en 4 años». La tendencia de fondos y promotoras es bien claro, convertirse en propietarios. La subida de los tipos de interés hace muy difícil el acceso a la compra de vivienda de por sí complicada. Esto indudablemente hará que las personas terminen alquilando más por necesidad que por convicción.
El 50% de los pisos anunciados en el titular de El Economista estarán destinados a la ciudad de Madrid, que concentrará el mayor número de pisos en alquiler y proyectos futuros. Las promotoras y los fondos de inversión se han puesto manos a la obra, construir para alquilar es el nuevo negocio y los españoles verán como el país en pocas décadas pasará de ser un país de propietarios a un país de inquilinos en donde la tierra que pisan ya no les pertenece. Un proceso que los españoles aceptarán más por necesidad que por convencimiento.
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